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En 1844, un propietario portugués y veterano de la milicia llamado Manuel Domingo entró a un tribunal en Providence, Rhode Island, y pidió el derecho a votar. El tribunal lo rechazó por no ser considerado blanco según las categorías raciales de la época. Este episodio explora cómo ese rechazo individual revela una verdad mucho más amplia: la ciudadanía no ha sido históricamente un derecho universal de nacimiento, sino una frontera móvil que las comunidades trazan, defienden y modifican para decidir quién pertenece al cuerpo político.

A través del caso de Rhode Island, examinamos cómo la carta colonial de 1663 y la constitución de 1843 utilizaron pruebas superpuestas de propiedad, raza, género y religión para limitar el acceso a las urnas. Analizamos la Rebelión de Dorr, la exclusión de los hombres negros libres tras la eliminación del requisito de propiedad para los blancos, y las estrategias de los grupos marginados, desde las sociedades de ayuda mutua afroamericanas hasta las peticiones de las comunidades indígenas y las mujeres, para participar en la vida pública a pesar de su exclusión formal.

Mientras trabajaba en este episodio, volvía una y otra vez a una pregunta engañosamente sencilla: ¿por qué las democracias deciden quién cuenta como parte del "nosotros" político? Quería entender cómo mecanismos administrativos, como un registro municipal o un juramento, podían convertirse en barreras reales que determinaban el destino de miles de personas. Este es un relato sobre el poder, los criterios de pertenencia y las consecuencias duraderas de trazar líneas divisorias dentro de una comunidad.