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Empecemos por conceder algo importante: doña Laura Fernández tiene un problema real entre manos. Si su Gobierno está preocupado por la infiltración del crimen organizado en los cuerpos policiales, razones no le faltan precisamente. El miércoles, Fernández anunció que instauraría un sistema de rotación de policías por todo el país para evitar que los funcionarios permanezcan demasiado tiempo arraigados en una misma comunidad y puedan terminar defendiendo intereses distintos a los de la seguridad nacional. El problema es que, menos de 24 horas después, el alcance del anuncio empezó a volverse borroso.