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Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de Brenda Quevedo, señaló que el caso lleva 11 años en un “limbo jurídico”, pues la etapa de instrucción concluyó desde 2014 y el proceso aún no llega a conclusiones ni a sentencia. La defensora sostuvo que las pruebas utilizadas en el expediente se han ido desmoronando y recordó que la Suprema Corte determinó que elementos empleados para condenar a Juana Hilda González fueron obtenidos mediante tortura y eran ilegales.