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El auge de las agresiones híbridas y los ciberataques está reabriendo el debate sobre cuándo una acción de un Estado contra otro puede considerarse un uso de la fuerza prohibido por el Derecho internacional. A diferencia de los conflictos armados tradicionales, las operaciones en el ciberespacio pueden provocar graves daños económicos, sociales o incluso afectar a infraestructuras críticas sin recurrir a armas convencionales. Los expertos sostienen que el principal desafío consiste en determinar el umbral a partir del cual estas acciones generan consecuencias comparables a un ataque militar. Además, la dificultad para identificar con certeza al responsable de un ciberataque complica la aplicación de normas internacionales y la posible respuesta del Estado afectado. En un escenario de creciente digitalización y tensiones geopolíticas, la comunidad internacional busca adaptar el marco jurídico existente para responder a estas nuevas formas de conflicto sin debilitar los principios fundamentales del Derecho internacional.