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La Xunta de Galicia ha recurrido ante el Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que la condenaba a indemnizar con 9.000 euros a la familia de un menor ferrolano víctima de acoso escolar en un centro de Negreira (A A Coruña). Aunque el centro activó el protocolo de acoso, este concluyó que no existían indicios, pese a que sí se reconocían burlas y agresiones físicas. Además, el menor no recibió atención psicológica ni el apoyo previsto, lo que evidenció fallos en la actuación del centro. Ante la falta de respuesta eficaz por parte del colegio y de la Administración, la familia acudió a la vía judicial. El tribunal gallego consideró que hubo una actuación insuficiente de la Administración educativa y que esta situación afectó gravemente al menor, obligando incluso a cambiarlo de centro. La Xunta ha presentado recurso, centrado en cuestiones formales y sin cuestionar los hechos, lo que ha generado críticas por obligar a la familia a continuar con un proceso largo y costoso en un asunto especialmente sensible como el acoso escolar.