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El Gobierno Vasco ha concedido de nuevo el régimen de semilibertad a dos presos de la organización terrorista ETA, en una decisión que reabre el debate sobre la gestión de competencias penitenciarias transferidas a las comunidades autónomas. Los beneficiados son Juan Carlos Iglesias Chouza, conocido como “Gadafi”, y Eneko Gogeaskoetxea Arronategi. La medida llega apenas un año después de que la Audiencia Nacional revocara su anterior clasificación en tercer grado al considerarla prematura. La nueva decisión se produce, además, pocos días después de que un juez cuestionara la aplicación de beneficios penitenciarios en casos similares, como el de Soledad Iparraguirre, exdirigente de ETA, a quien finalmente se le retiró el tercer grado. Ambos reclusos habían sido previamente clasificados en régimen abierto por el Ejecutivo autonómico, pero la Fiscalía recurrió la medida y el juez de Vigilancia Penitenciaria la anuló. Con esta nueva resolución, los internos podrán acudir a prisión únicamente para pernoctar entre semana, salvo que el Ministerio Público vuelva a impugnar la decisión. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo ha criticado duramente la concesión, que considera “fraudulenta”, y ha instado a la Fiscalía a presentar un nuevo recurso. Otras noticias OK diario publica que el juez encargado de la causa del DAO de la policía ha pasado a estar en el centro de la polémica tras una campaña de críticas lanzada desde sectores políticos y mediáticos de la izquierda. Los ataques se centran en unas declaraciones realizadas por el magistrado en una conferencia en el Colegio de la Abogacía de Madrid el pasado mes de febrero. El consejero delegado del grupo de comunicación Axel Springer, Mathias Döpfner, ha hecho una valiente declaración a sus empleados, en apoyo al Estado de Israel. El empresario invita a aquellos empleados que no estén de acuerdo con la libertad de expresión, que abandonen la empresa. El Senado de Brasil ha asestado un duro varapalo político al presidente Luiz Inácio Lula da Silva al bloquear su candidato para el Tribunal Supremo. Es la primera vez en más de 130 años que la Cámara Alta rechaza un nombramiento para la Corte, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Brasil.