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Jorge Azcón ya es presidente de Aragón gracias al acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que suman mayoría absoluta en las Cortes autonómicas con 40 escaños de 67. El candidato popular defendió el pacto de investidura en las Cortes, rebajando la polémica por la llamada “prioridad nacional”, volviendo a explicar que este principio se refiere a priorizar en ayudas públicas a quienes acrediten arraigo, empadronamiento o años de cotización en la comunidad, le escuchamos en respuesta a la socialista Pilar Alegría: Por su parte, el líder regional de Vox, Alejandro Nolasco, reivindicó que buena parte de las políticas de su partido estarán presentes en el nuevo Ejecutivo aragonés. Jorge Azcón tomará posesión de su cargo esta misma tarde, tras esta reelección. El Gobierno contraataca para frenar el arbitraje de 1.250 millones de Berkeley por la mina de uranio El Gobierno ha movido ficha para frenar el arbitraje de 1.250 millones de dólares presentado por la minera australiana Berkeley por la paralización de la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca. La Abogacía del Estado ha pedido a la entidad que resuelve disputas entre inversores extranjeros y Estados que se abra una fase preliminar para decidir si el tribunal es competente para juzgar el caso, una maniobra que podría retrasar el procedimiento durante meses. Les recordamos de qué va esta historia, la minera australiana Berkeley presentó en febrero una reclamación ante el Banco Mundial, detallando los daños sufridos en el yacimiento en Salamanca, donde está bloqueado su excavación, y acusando al Estado de actuar de forma arbitraria al bloquear el proyecto. El conflicto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica denegó la autorización de la mina tras un informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear y la entrada en vigor de la ley que prohíbe nuevas explotaciones de uranio. Si prospera la demanda, el caso Retortillo se convertiría en uno de los arbitrajes más costosos de la historia contra España. Mientras tanto, la compañía australiana mantiene abierta la vía judicial, aunque insiste en que sigue dispuesta a buscar una solución negociada con el Gobierno de Pedro Sánchez.