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La jueza que instruye la causa de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, se ha negado a facilitar transcripciones literales de declaraciones clave del procedimiento, algunas de ellas realizadas hace más de un año. La magistrada ha dictado además un auto en el que establece que no se transcribirá ninguna declaración a partir de ahora, alegando falta de medios, en un momento en el que el Consejo General del Poder Judicial investiga la posible injerencia de su marido en la instrucción. Varias defensas, denuncian vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo. Y es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal avala la obligatoriedad de las transcripciones, especialmente cuando pueden ser relevantes para la defensa.  Para que se hagan una idea, algunas declaraciones anteriores solo constan en forma de resumen y no la transcripción literal. Sigue el caos de las regularizaciones El decreto del Gobierno sobre la regularización masiva de inmigrantes ha desatado un grave caos administrativo. Numerosas entidades (consulados, oficinas de correos o ayuntamientos) denuncian falta de medios, colapso de los servicios sociales y fuertes retrasos en la atención a los ciudadanos.  Y es que la tramitación se ha trasladado por parte del Gobierno a diferentes administraciones, sin refuerzos de personal ni financiación adicional, lo que está provocando largas colas y una paralización de la gestión cotidiana. Sin ir más lejos, varios municipios de la Comunidad de Madrid denuncian que los trabajadores sociales se ven obligados a priorizar estos trámites en detrimento de otras funciones esenciales.  En localidades como Valdemoro, las citas de primera atención acumulan ya retrasos de hasta quince días, afectando directamente a familias vulnerables.  Los ayuntamientos alertan de que no es posible atender la regularización y, al mismo tiempo, mantener con normalidad los servicios básicos por la sobrecarga de trabajo. Pero no solo eso, funcionarios de Correos también critican que el Ejecutivo haya aprobado la medida sin planificación ni apoyo económico, descargando toda la presión sobre la administración pública.  Denuncian que el decreto amenaza con convertirse en un problema social de mayor envergadura y acusan al Gobierno de desentenderse de las consecuencias prácticas de una norma que, lejos de agilizar procesos, está generando dilaciones, desorganización y malestar en los servicios públicos.