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La supuesta condición de médica de María Jesús Montero no se corresponde con su trayectoria profesional dentro del Servicio Andaluz de Salud. Durante años se ha difundido la idea de que Montero ejercía como facultativa, incluso presentándola como una profesional sanitaria que obtuvo una plaza de médico a los 28 años mediante oposición. Sin embargo, la realidad es distinta: quien fuera hasta hace un mes vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Gobierno de Pedro Sánchez no pertenece al personal sanitario del SAS. En concreto, Montero forma parte del Grupo Técnico de Función Administrativa del Estatuto de Personal No Sanitario, una categoría vinculada a labores de gestión. Este puesto, al que accedió tras superar un proceso selectivo, se centra en tareas como la organización de servicios, la gestión presupuestaria o la contratación. Se trata, por tanto, de una función sin contacto directo con pacientes. De hecho, para acceder a esta plaza no era necesario contar con una titulación en Medicina, ya que estaba abierta a cualquier titulado universitario, incluyendo licenciados, ingenieros o arquitectos. El propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 1994 respalda esta realidad, desmintiendo la idea difundida de que su puesto correspondía al de una médica dentro del sistema sanitario público. Detención del viceconsul en Argelia El Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención en territorio nacional del vicecónsul español en Argel, Vicente Moreno, así como de un colaborador de nacionalidad argelina, en el marco de una investigación sobre una presunta red de concesión irregular de visados. Según informa The Objective, la resolución, dirigida por la magistrada María Tardón, sitúa a ambos como principales responsables de una estructura criminal organizada que habría operado desde el Consulado de España en la capital argelina. La operación, denominada Jazira-Cova y desarrollada con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, ha contado con la participación de unidades especializadas de la Policía Nacional, entre ellas la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. De acuerdo con fuentes policiales, la red facilitaba visados a cambio de dinero y canalizaba parte de los beneficios mediante operaciones de blanqueo de capitales, vinculadas a la adquisición de vehículos en España.