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El Gobierno da la espalda a las víctimas de Adamuz en su primera gran protesta en Madrid Hoy, 15 de abril de 2026, el Congreso de los Diputados es el escenario de una imagen de alto voltaje político y social. Mientras las familias y supervivientes del accidente ferroviario de Adamuz se concentran a las puertas del Parlamento, los escaños del Gobierno mostrarán vacíos significativos. 1. Una ausencia coordinada Ni el presidente Pedro Sánchez ni cuatro de sus ministros asistirán a la sesión plenaria de este miércoles, coincidiendo con la protesta organizada por la asociación de víctimas: El momento de la protesta: La asociación había anunciado esta fecha hace semanas, buscando aprovechar el pleno para dar visibilidad a sus reivindicaciones cuando se cumplen casi tres meses del siniestro. Denuncia de las víctimas: El colectivo califica de "falta de sensibilidad" esta ausencia y acusa al Ejecutivo de intentar "evitar que lo ocurrido caiga en el olvido". 2. Tres meses buscando respuestas Tras el siniestro de enero, las familias han pasado de la conmoción a la acción reivindicativa. Sus objetivos son claros: Esclarecer la verdad: Exigen que se investigue por qué fallaron los sistemas de seguridad (como el LZB) y qué responsabilidad tienen los gestores ferroviarios. Transparencia: Critican la opacidad de las autoridades en la entrega de datos de las cajas negras y los informes de la CIAF. Seguridad: Reclaman una reforma integral de los protocolos para que una tragedia similar no vuelva a repetirse. 3. De Huelva a la capital: Una marea que crece Esta es la segunda gran movilización del colectivo desde su formación en febrero: Precedente masivo: El pasado 20 de marzo, más de 5.000 personas se manifestaron en Huelva en una marcha histórica. Estrategia nacional: El traslado de la protesta a Madrid busca presionar directamente a los grupos parlamentarios y forzar la creación de una comisión de investigación técnica e independiente. 4. Un conflicto político al alza La ausencia de la bancada azul durante la protesta ha encendido el debate parlamentario. Mientras el Gobierno alega motivos de agenda, la oposición y las asociaciones de víctimas coinciden en que se trata de una estrategia de "blindaje político" para evitar la foto con los afectados en un momento de máxima debilidad por las filtraciones sobre el estado de la infraestructura ferroviaria en el momento del choque.