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La Sala Constitucional condenó al Estado por no girar a las universidades públicas más de ₡11.500 millones correspondientes al aumento del 2% del Fondo Especial para la Educación Superior 2025, aprobado por la Asamblea Legislativa. Es decir: el Congreso definió el monto, el Ejecutivo decidió no pagarlo… y la Sala IV le recordó que el desembolso no era opcional. Pero, hay truco. La sentencia no obliga a girar la plata. ¿Por qué? Porque ya pasó el año presupuestario. Así que, en la práctica, Hacienda queda regañado… pero la plata ni apareció ni tiene que aparecer.