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La Primera Enmienda prevalece: El Supremo de EE. UU. ampara a una consejera frente a la ley de Colorado En una sentencia que marcará un antes y un después en la batalla legal entre las libertades individuales y las normativas estatales, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha fallado a favor de la libertad de expresión en el ámbito de la consejería psicológica. 1. El caso Kaley Chiles contra el Estado de Colorado La disputa se originó por una ley aprobada en 2019 en Colorado (bajo administración demócrata) que prohibía a los profesionales licenciados practicar terapias de conversión con menores LGBT: La demanda: Kaley Chiles, una consejera cristiana, impugnó la norma alegando que esta le impedía ejercer su labor de acuerdo con sus convicciones religiosas y profesionales. El argumento clave: La demandante sostuvo que la prohibición violaba la Primera Enmienda de la Constitución, la cual protege de forma estricta la libertad de expresión frente a las injerencias del Estado. 2. Una mayoría transversal: 8 votos contra 1 Lo más sorprendente del fallo no ha sido solo el sentido de la decisión, sino el amplio consenso alcanzado entre los magistrados: Bloque Conservador y Progresista: Los seis magistrados de tendencia conservadora sumaron sus votos a dos de los tres magistrados progresistas. Aislamiento de la minoría: Solo un magistrado votó a favor de mantener la prohibición estatal, evidenciando que el tribunal considera que la libertad de expresión debe prevalecer incluso en temas de alta controversia social. 3. Impacto en la legislación de otros estados Este fallo pone en entredicho las normativas de una veintena de estados que cuentan con leyes similares: Jurisprudencia: Al declarar que estas prohibiciones vulneran la Constitución, se abre la puerta a una cascada de recursos legales en todo el país para anular leyes que impidan a los consejeros expresar sus puntos de vista durante las terapias. Libertad de expresión vs. Protección del menor: El debate se centra ahora en dónde termina la capacidad del Estado para regular una práctica profesional y dónde empieza el derecho del ciudadano (en este caso, la consejera) a no ser silenciado por sus creencias.