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El "dedazo" como norma: Tragsa admite el control discrecional en más de 100 contratos vinculados a Adif La investigación sobre la contratación de Jésica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en la filial Tragsatec, ha destapado una caja de Pandora mucho mayor. Lo que parecía un trato de favor individual ha resultado ser, según los informes remitidos al Tribunal Supremo, un modus operandi sistémico de colocación de personal afín. 1. El informe de la SEPI: 102 puestos "a dedo" Una pericial elaborada por una empresa pública dependiente de la SEPI arroja datos demoledores sobre la falta de limpieza en los procesos de selección entre 2017 y 2024: Pleno de candidatos: Ignacio Zaldívar, exsubdirector de Gestión Administrativa en Adif, envió exactamente 102 currículums para cubrir 102 vacantes. Un ajuste perfecto que, según los peritos, sugiere un "control discrecional" absoluto, anulando cualquier competencia real. Procedencia común: Al igual que Jésica, la mayoría de estos candidatos procedían de Ineco, otra empresa pública bajo el paraguas del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. 2. Saltándose las normas internas El informe detecta graves irregularidades que comprometen los principios de libre concurrencia y objetividad que deben regir en el sector público: Sin entrevistas técnicas: En varios procesos analizados, se omitió la entrevista técnica obligatoria. Se contrataba directamente al candidato recomendado sin comprobar su idoneidad para el puesto. Adjudicación directa: El sistema permitía que perfiles externos fueran "inyectados" en proyectos vinculados a Adif sin pasar por los filtros de recursos humanos habituales de Tragsa. 3. La confesión de Tragsa Ante la contundencia de las pruebas enviadas al Supremo, la propia dirección de Tragsa ha tenido que admitir que estas prácticas han podido comprometer la ética de la entidad: Falta de supervisión: La empresa reconoce que se delegó de facto la capacidad de contratación en figuras externas al departamento de selección, permitiendo que Ineco y Adif funcionaran como una agencia de colocación privada pagada con fondos públicos.