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Fondos públicos en Canarias y Andalucía para la atención y regularización de inmigrantes ilegales Nuevas informaciones revelan que gobiernos autonómicos liderados o participados por el Partido Popular están aplicando medidas de asistencia integral a extranjeros en situación irregular, generando un intenso debate sobre el uso de los recursos públicos. 1. Canarias: Diez meses de sanidad gratuita financiada por el SCS En el archipiélago canario, el Gobierno de coalición entre CC y PP mantiene vigente desde el 15 de mayo de 2025 una normativa que garantiza el acceso al sistema de salud a quienes no tienen residencia legal: Documento acreditativo: La Instrucción nº 6/2025 de la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SCS) regula la expedición de una tarjeta para que los extranjeros sin papeles reciban asistencia sanitaria pública. Procedimiento formal: Esta medida, adelantada por CanarioToday, institucionaliza la atención a inmigrantes ilegales con fondos de la comunidad autónoma, a pesar de la presión migratoria que sufre la región. 2. Andalucía: 442.000 euros para talleres de regularización La situación en el sur de la península también ha saltado al foco político tras las denuncias presentadas en el Parlamento andaluz. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla está destinando dinero público a programas de orientación legal para personas en situación irregular: Objetivo de los talleres: Los programas están diseñados para explicar a los inmigrantes cómo regularizar su estancia en territorio español. Denuncia de VOX: La formación de Santiago Abascal ha criticado duramente que se destinen aproximadamente 442.000 euros a estos servicios, cuestionando la prioridad del gasto de la Junta de Andalucía mientras se mantienen otras carencias en los servicios públicos. 3. El debate sobre el "efecto llamada" Estas medidas en Canarias y Andalucía han reabierto la brecha entre los socios potenciales de gobierno en el bloque de la derecha. Mientras el PP defiende estas acciones por razones humanitarias o de gestión administrativa, sus críticos señalan que financiar tanto la sanidad como el asesoramiento para la regularización con fondos públicos supone un incentivo para la inmigración ilegal.