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Junts per Catalunya votó este jueves junto a PP y Vox y tumbó dos decretos del Gobierno en el Congreso.  El primero es el escudo social, que incluía la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. El segundo es el decreto que topa temporalmente los precios de bienes esenciales en situaciones de emergencia, impulsado tras los abusos detectados en hoteles y transportes después del accidente de Adamuz. Ambos cayeron con 172 votos a favor y 177 en contra. Sí salieron adelante la revalorización de las pensiones y las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida.  El Gobierno no aclaró cuáles serán sus próximos pasos: si volverá a aprobar un decreto similar, si troceará el escudo social o si buscará otra fórmula para evitar los desahucios.  Pedro Sánchez asistió a la votación pese a conocer de antemano el resultado. La Guardia Civil implica a Pardo de Vera también en la compra de mascarillas al socio de Aldama La Guardia Civil implica a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, en la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama.  Los mensajes intervenidos revelan que Koldo García le facilitó el contacto de la empresa el 26 de marzo de 2020, minutos antes de que se formalizara la adjudicación. Pardo de Vera había negado ante el juez conocer cómo se contactó con ese proveedor. La UCO también detectó que borró de sus dispositivos datos correspondientes al periodo investigado, lo que obligó a reconstruir las comunicaciones a partir de los móviles de otros imputados. El informe eleva el nivel de implicación de Pardo de Vera en la trama. Los investigadores concluyen que Koldo intervino en la selección de la empresa a través de la entonces presidenta de Adif y que ella estuvo al tanto de la tramitación económica del contrato.  Soluciones de Gestión cobró 2,50 euros por mascarilla cuando otras empresas ofertaban hasta 1,80.  Pardo de Vera está investigada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una causa que afecta a contratos que superan los 140 millones de euros.