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En este intenso debate, los candidatos discuten el grave problema del reclutamiento de jóvenes por grupos armados ilegales en Colombia. Se cuestiona la efectividad de aumentar las penas para menores y se enfatiza la necesidad de una presencia estatal que ofrezca alternativas a la juventud. Se abordan temas como la responsabilidad penal, la resocialización de criminales y la protección de los derechos de las víctimas. Los participantes destacan que la mayoría de los jóvenes no desean delinquir, pero enfrentan presiones del crimen organizado. La conversación también toca la importancia de políticas sociales y la necesidad de ajustar las normas jurídicas a la realidad contemporánea. Un análisis profundo sobre cómo combatir la violencia y proteger a los menores en un contexto de creciente criminalidad.