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El Gobierno confirma que los inmigrantes regularizados podrán acceder al IMV tras un año de residencia legal El proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo otorgará estatus legal a miles de ciudadanos extranjeros, sino que abrirá la puerta al sistema de protección social del Estado. Según han confirmado fuentes gubernamentales, los beneficiarios de este proceso podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) una vez cumplan los requisitos de permanencia exigidos por la ley. El requisito de los 12 meses Para acceder a esta prestación, no bastará con obtener los "papeles". El marco normativo establece que los nuevos ciudadanos regularizados deberán acreditar una residencia legal y continuada en España de, al menos, un año. Este plazo de doce meses comenzará a contar desde el momento en que se haga efectiva la resolución de su regularización, convirtiéndose en el filtro temporal necesario antes de poder optar a la red de seguridad económica que supone el IMV. Evaluación de vulnerabilidad económica Además del criterio temporal, los solicitantes deberán someterse al examen de la Seguridad Social para demostrar su situación de vulnerabilidad. Los factores que determinarán la concesión de la ayuda incluyen: Patrimonio neto y activos: Evaluación de propiedades y activos no societarios. Nivel de rentas: Verificación de ingresos actuales y capacidad económica. Unidad de convivencia: Análisis de las circunstancias personales y familiares del solicitante. Incorporación inmediata al mercado laboral Uno de los puntos clave que destaca el Gobierno es que la regularización permitirá a estos ciudadanos trabajar legalmente desde el primer día. A diferencia de otros permisos restringidos, los beneficiarios de este proceso extraordinario podrán incorporarse a cualquier sector profesional y en cualquier punto del territorio nacional de forma inmediata. Esta medida busca, según Moncloa, fomentar la integración a través del empleo, aunque el acceso diferido a prestaciones como el IMV asegura un periodo de transición en el que la inserción laboral debería ser la prioridad. Para conocer más detalles sobre el impacto de esta medida en las cuentas públicas y en el mercado de trabajo, visita nuestra sección de economía en radiolibertad.es.