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En diciembre de 2025, la administración Trump anunció planes para desmantelar el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR), una de las instituciones más importantes del mundo en ciencia del tiempo, el clima y la atmósfera. La decisión, revelada públicamente sin previo aviso a la dirección de NCAR, fue justificada por la Casa Blanca como un esfuerzo para eliminar lo que calificó como “alarmismo climático”. Sin embargo, científicos, legisladores y analistas de todo el espectro político sostienen que la medida tiene mucho menos que ver con la ciencia y mucho más con la política.

Fundado en 1960 y financiado por la Fundación Nacional de Ciencias, NCAR es la columna vertebral de la investigación atmosférica en Estados Unidos. Opera supercomputadoras de primer nivel, desarrolla los modelos meteorológicos y climáticos más utilizados del mundo, fue pionero en sistemas de detección de cizalladura del viento que han salvado miles de vidas en la aviación, revolucionó el pronóstico de huracanes con el uso de dropsondas GPS y proporciona apoyo operativo en tiempo real para la predicción de incendios forestales y la defensa nacional. Miles de investigadores, universidades, empresas privadas y agencias federales dependen de sus recursos centralizados, capacidades que ninguna institución individual podría replicar.

El anuncio del gobierno provocó alarma inmediata. Científicos advierten que desmantelar NCAR retrasaría décadas la investigación meteorológica y climática de Estados Unidos, deteriorando la precisión de los pronósticos de huracanes, inundaciones, tornados, incendios forestales y episodios de frío extremo, justo cuando los fenómenos extremos impulsados por el cambio climático se intensifican. También se verían debilitados los sistemas de seguridad aérea, las herramientas de predicción de incendios, las operaciones de pronóstico militar y las colaboraciones científicas internacionales. Desde el punto de vista económico, el impacto se extendería por Colorado y más allá, afectando a sectores como seguros, aviación y energía, que dependen de pronósticos fiables.

Más allá de la retórica oficial, muchos consideran que la medida es una represalia política. El anuncio se produjo en medio de un conflicto muy publicitado entre el presidente Trump y el gobernador de Colorado, Jared Polis, por el encarcelamiento de la exfuncionaria electoral del condado, Tina Peters. También coincidió con la cancelación de más de 100 millones de dólares en subvenciones federales destinadas a Colorado. La delegación congresional del estado ha calificado abiertamente la acción contra NCAR como peligrosa y punitiva, interpretándola como un castigo político y no como una reforma científica.

La decisión encaja en un patrón más amplio de acciones que debilitan la ciencia en Estados Unidos: recortes profundos al financiamiento federal, salida masiva de científicos gubernamentales, eliminación de datos científicos de sitios web públicos y creciente presión sobre las universidades para alejarse de la investigación climática. Los programas de posgrado se reducen, los proyectos a largo plazo fracasan y muchos científicos describen un cambio de enfoque, de avanzar en el conocimiento a simplemente intentar salvar lo que aún existe.

La respuesta ha sido rápida y contundente. Cientos de personas protestaron en Boulder junto a funcionarios electos e investigadores, destacando la ironía de que el anuncio ocurriera durante un evento de vientos extremos, cuando los modelos de NCAR estaban ayudando activamente a proteger vidas. Legisladores de Colorado buscan vías legales y legislativas para frenar el desmantelamiento, mientras que la comunidad científica ha respondido con una condena casi unánime, advirtiendo que perder NCAR no solo perjudica a la ciencia, sino que pone en riesgo la seguridad pública y la seguridad nacional.