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Según un nuevo informe de la UCO sobre el llamado caso hidrocarburos, la trama encabezada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas habría logrado “penetrar” en niveles directivos de los Ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica para influir en decisiones administrativas. El documento señala que la organización destinó alrededor de un millón de euros para “comprar la voluntad” del entonces ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Aldama, con el fin de favorecer a la empresa Villafuel en la obtención de una autorización para operar en el mercado mayorista de hidrocarburos pese a presuntos incumplimientos legales. La UCO sostiene que Rivas empleó una sociedad instrumental para generar un fraude fiscal cifrado en 49 millones de euros entre 2021 y 2022, parte del cual se habría usado para influir en cargos públicos. También afirma que la presión sobre Ábalos se canalizó a través de Koldo García, quien mantuvo contactos con responsables de Industria y Transición Ecológica, entre ellos varios jefes de gabinete y el director general de Política Energética y Minas.