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El proyecto incluiría un sistema alternativo al de indemnizaciones por despido, la flexibilización de la jornada de trabajo y nuevas modalidades de contratación. El oficialismo apunta a obtener la media sanción antes de fin de año y su aprobación en febrero, aprovechando su fortalecimiento legislativo.

"La creación de empleo formal se frenó en el año 2012, en paralelo a cuando se paró la economía. Hoy está sucediendo lo mismo; en la medida que la actividad económica no se recupere, los cambios en la legislación no van a dar incentivos para que una empresa invierta", dijo en Cara o Ceca Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma.

"El contexto macroeconómico no es favorable. El Gobierno frena el precio del dólar para contener la inflación, pero hace que nuestras empresas se vuelvan menos competitivas. Por más que alivianes los costos laborales, la ganancia de la empresa sigue estando afectada", agregó.

"Los sectores empresarios detrás de esta reforma quieren plantear las nuevas reglas de juego para los próximos años; no quieren mayor competitividad ni crear empleo", concluyó.