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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, liderado por Astrid Cázares, ha expresado un enérgico rechazo a la colocación de un cilindro cargado de explosivos frente a un jardín infantil en Anorí, Antioquia. Este acto, atribuido al frente 36 de las FARC, representa una grave violación del derecho internacional humanitario y pone en riesgo la vida de más de 50 niños. Las autoridades han denunciado que la violencia en la región ha obligado a flexibilizar la atención educativa, generando temor en las familias. La funcionaria hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten los espacios donde se encuentran los menores y no los involucren en conflictos. Este incidente subraya la necesidad de proteger a la infancia en medio de la violencia y garantizar su derecho a la educación y seguridad.