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A ver, las cosas como son. El Ministerio Público presentó un caso mal armado (¡vaya sorpresa!) y el Tribunal Penal de Hacienda no tuvo más remedio que anular las medidas cautelares contra los dos funcionarios investigados por irregularidades en la recepción del Ciclotrón de la UCR: Kevin Cotter Murillo y Carolina Soto Retana. El fallo no dijo que no hubo delito mucho menos colocó a Cotter o Soto en posición de “víctimas”. Dijo que el expediente estaba mal hecho.