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Zoraida Ávalos obtuvo una sentencia favorable del Poder Judicial que ordena su reposición como fiscal suprema bajo el argumento de que el Congreso no sustentó debidamente cuál era la infracción constitucional que le estaba imputando a Ávalos y qué evidencia había de que la hubiera cometido. La posición del Congreso sobre este tema ha sido que su competencia de sancionar políticamente a altos funcionarios es discrecional y que no requiere este tipo de sustento.