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El lunes pasado dos directivos de la Caja, Martha Rodríguez González (representante de los sindicatos) y José Luis Loría Chaves (representante de las cooperativas) anunciaron que solicitarían al Ejecutivo que archive las causas administrativas contra ellos y los otros tres directivos (o exdirectivos) investigados (Maritza Jiménez Aguilar, Carlos Salazar Vargas y Jorge Hernández Castañeda) por la tontera aquella de “¡¡tenían familiares en la Caja!!”.